La Legislatura de la provincia de Río Negro aprobó recientemente una ley que obliga a extranjeros con residencia transitoria o autorización precaria a pagar aranceles por utilizar servicios públicos de salud y educación superior.
La normativa excluye del cobro a quienes se encuentren en situaciones de urgencia o emergencia médica, garantizando su atención sin importar su condición migratoria. Además, se crearán dos fondos especiales —un Fondo para la Salud Pública y otro para la Educación Pública— que se nutrirán con los ingresos de esos pagos y se destinarán a equipamiento, infraestructura, capacitación y fortalecimiento de ambos sectores.
La ley también faculta al Ejecutivo provincial para firmar convenios de reciprocidad con otros países, con el fin de eximir del arancelamiento a ciudadanos de naciones con las que se establezcan acuerdos.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN) junto con Javier Acevedo (CC-ARI) y obtuvo aprobación por mayoría en segunda vuelta.
La oposición ha cuestionado la medida calificándola de “discriminatoria” y reclamando mayor transparencia, dado que no existían datos oficiales confiables sobre la magnitud del uso de servicios públicos por extranjeros no residentes antes de su sanción.
